El auge de la inteligencia artificial está presionando la red eléctrica y acrecentando los riesgos de vigilancia biométrica sin consentimiento efectivo. Los acuerdos de pago por contenidos y los intentos de desconexión nacional revelan un pulso de soberanía digital que exige reglas claras y capacidad institucional. Sin respuestas regulatorias y de infraestructura, la automatización amplifica daños reales y costos económicos.
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