La oposición vecinal multiplica cancelaciones de centros de datos y obliga a revisar planes industriales, mientras legisladores impulsan exigir indicadores visibles en gafas y limitar la venta de localizaciones. A la par, una gran tecnológica recorta funciones de reconocimiento facial y se investiga la externalización de campañas polarizantes, señales de que la gobernanza y la confianza públicas están reconfigurando inversiones y despliegues.
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