La tensión entre confianza pública e intereses políticos y corporativos se intensifica, con instituciones que defienden su independencia y reguladores bajo escrutinio por opacidad y posibles capturas. Al mismo tiempo, la nueva exigencia de exclusión universal de datos en California y las denuncias sobre la exposición de menores subrayan la urgencia de controles verificables, transparencia y resiliencia técnica.
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