La creciente oposición social a la expansión de la IA se traduce en una propuesta legislativa que condiciona nuevos centros de datos a evaluaciones de impacto energético, laboral y comunitario. Al mismo tiempo, decisiones corporativas como la eliminación de contenidos comprados y la exigencia de credenciales más estrictas intensifican el debate sobre privacidad, identidad y la verdadera propiedad en lo digital.
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