Los recortes tecnológicos se atribuyen a adopciones aceleradas de herramientas predictivas, mientras aumenta la presión por transparencia en laboratorios y servicios digitales. El reconocimiento del derecho a computar y los incidentes en infraestructuras públicas, junto con la fatiga ante algoritmos culturales, exigen criterios humanos y verificación para preservar calidad y confianza.
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