Los fallos en infraestructuras conectadas y la ausencia de modos sin conexión en dispositivos domésticos exponen riesgos de seguridad con impacto directo en los consumidores. Al mismo tiempo, las subidas generalizadas de precios en el vídeo bajo demanda aceleran cancelaciones y reavivan la piratería, mientras crece la presión por normas claras sobre privacidad, sesgos y uso de inteligencia artificial. La combinación de incidentes y decisiones opacas está forzando a reguladores y plataformas a justificar modelos y prácticas ante una ciudadanía más exigente.
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