La aceleración de la infraestructura de inteligencia artificial convive con un creciente escrutinio social y legal: desde 90.000 cámaras automatizadas y el aval europeo a las redes privadas virtuales hasta la advertencia sobre 1,65 billones en deuda fuera de balance en grandes tecnológicas. Estas tensiones anticipan ajustes regulatorios, presiones financieras y cambios en educación y empleo, mientras la ciudadanía exige transparencia y límites.
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