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El conflicto entre el gobierno estadounidense y Anthropic revela una creciente preocupación por la ética en el desarrollo de inteligencia artificial. La amenaza de sanciones y la exclusión de contratos públicos evidencian el riesgo de que intereses estatales prevalezcan sobre salvaguardas tecnológicas. Este debate pone en cuestión la transparencia y el control democrático sobre herramientas que pueden decidir sobre la vida y la muerte.

Acusaciones de supresión de contenidos y bloqueos de enlaces en grandes redes sociales coinciden con la decisión de Francia de sustituir servicios de videoconferencia de Estados Unidos por una alternativa soberana. En paralelo, el éxodo de más de 10.000 doctores STEM del sector público y los llamamientos a frenar la inteligencia artificial intensifican el debate sobre legitimidad, control y rendición de cuentas.