El empuje de la inteligencia artificial está encareciendo componentes y saturando servicios, mientras empresas invocan la etiqueta para justificar ajustes laborales. La autonomía tecnológica enfrenta límites con supervisión remota en vehículos, y la gobernanza se desplaza hacia vigilancia y normas de seguridad, con fallos judiciales que marcan precedentes. Estas señales reconfiguran la economía digital y obligan a calibrar inversión, cumplimiento y confianza pública.
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