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El empuje por multiplicar la capacidad de la inteligencia artificial se enfrenta a límites físicos de chips, agua y energía, mientras crecen las exigencias de transparencia sobre los datos que alimentan los modelos y las auditorías de resultados. A la vez, el escrutinio social y regulatorio se intensifica por daños a menores, algoritmos adictivos y fallos de diseño, con demandas a fabricantes y alertas sobre soberanía tecnológica tras sanciones extraterritoriales.

La concentración de poder en tiendas de juegos, laboratorios de IA y operadores de infraestructura está definiendo resultados que afectan a ingresos, empleo y derechos. Un sondeo sitúa a la tienda líder como monopolio efectivo en el ecosistema de ordenadores, un veterano tecnológico anuncia 8.000 despidos vinculados a automatización y la proliferación de contenidos sintéticos erosiona la confianza en medios y redes.

La filtración de datos de altos cargos, las compras por millones de tecnologías de vigilancia y la adopción de asistentes generativos en la cadena de mando dibujan un giro de alto riesgo para instituciones y ciudadanía. Al mismo tiempo, la caída del 46% en la contratación de recién titulados en tecnología y los casos de daños algorítmicos presionan a compañías y reguladores para fijar límites, invertir en talento y auditar sesgos.