La comercialización masiva de historiales de viaje a organismos públicos sin orden judicial y contratos de acceso a datos a varios años reavivan el choque entre vigilancia y derechos civiles. En paralelo, la promesa empresarial de una semana laboral de tres días impulsada por la inteligencia artificial convive con dudas técnicas, riesgos regulatorios y señales de exuberancia financiera.
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